La caída del precio de la jibia, pota o calamar gigante en Chile volvió a tensionar una discusión que parecía zanjada desde 2019. Ese año, tras intensas movilizaciones de pescadores artesanales, se promulgó la llamada Ley de la Jibia, una norma breve pero decisiva: estableció que la especie Dosidicus gigas solo puede ser extraída mediante pesca artesanal, con redes de malla fina, y no mediante arrastre de fondo, que es más rentable pero también más destructiva para el ecosistema marino.
La ley fue un triunfo para los pescadores artesanales, que habían estado luchando durante años para proteger su fuente de ingresos y su medio ambiente. Sin embargo, la caída del precio de la jibia en los últimos meses ha vuelto a poner en cuestión la viabilidad de la pesca artesanal y ha llevado a algunos industriales a pedir que se reabran las concesiones para la pesca de arrastre.
La situación es compleja y tiene implicaciones tanto ambientales como económicas. Por un lado, la pesca de arrastre es una práctica que puede dañar el ecosistema marino y afectar la biodiversidad. Por otro lado, la pesca artesanal es una actividad que puede ser más sostenible y que puede generar ingresos para las comunidades costeras.
La discusión sobre la pesca de la jibia en Chile es un ejemplo de la tensión entre la economía y el medio ambiente. Mientras que algunos industriales buscan maximizar sus ganancias, otros están dispuestos a sacrificar la biodiversidad y el ecosistema marino por el beneficio económico.
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