El 13 de enero de 2026, el pescador artesanal Johnny Valencia, de 59 años, acompañó a su hijo Juan Carlos, de 34, a alistarse en la embarcación Fiorella. El joven capitán zarpó, junto a otros nueve pescadores, desde una caleta en Manabí hacia una zona de pesca de pulpo, a unas 240 millas de la costa ecuatoriana. Sin embargo, el 15 de enero, la embarcación fue interceptada por un barco de la Armada de los Estados Unidos, que los obligó a regresar a tierra. Desde entonces, los pescadores han sido objeto de detención arbitraria, tortura y desaparición, según denuncian expertos.
Según informes, los pescadores fueron sometidos a interrogatorios intensivos, durante los cuales les fueron aplicadas técnicas de tortura, incluyendo la privación de sueño, la exposición a la luz intensa y la aplicación de electricidad. Además, les fueron confiscadas sus embarcaciones y equipo de pesca.
La situación de los pescadores ecuatorianos ha generado una gran preocupación entre la comunidad internacional, ya que se considera que su detención arbitraria y tortura son violaciones flagrantes de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha condenado la acción de los Estados Unidos y ha llamado a su gobierno a respetar los derechos humanos y a liberar a los pescadores.
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