El camino para darle vida al Acuerdo de Escazú en Colombia está trazado: hay leyes y herramientas sólidas para implementar este gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental. Sin embargo, aún existe una gran brecha que no permite que estos avances se traduzcan en los territorios. Así lo indica un reciente informe elaborado por la organización ambientalista Ambientum y la Acción Ambiental, que analiza la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia.
El informe destaca que, a pesar de que el Acuerdo de Escazú fue ratificado por Colombia en 2018, todavía no se han implementado de manera efectiva las medidas para proteger a los defensores del medio ambiente y garantizar su acceso a la información y la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Entre los pendientes se encuentran la falta de un sistema de denuncias efectivo para proteger a los defensores, la impunidad en los casos de violencia contra estos actores y la falta de acceso a la información sobre las actividades de las empresas y los proyectos de desarrollo que pueden afectar el medio ambiente.
Además, el informe señala que la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia está siendo obstaculizada por la falta de recursos y la falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias.
La organización ambientalista Ambientum y la Acción Ambiental han llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas urgentes para implementar el Acuerdo de Escazú y garantizar la protección de los defensores del medio ambiente y el acceso a la información y la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales.
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