26 de marzo de 2026
En las últimas horas, una ballena apareció muerta en aguas uruguayas, en una zona donde se están realizando tareas de prospección sísmica vinculadas a la exploración petrolera offshore. No es un dato menor. Tampoco es un hecho aislado en el mundo. Pero en Uruguay, una vez más, la respuesta institucional parece ser el silencio.
No hay informes oficiales claros. No hay explicaciones públicas. No hay, siquiera, un intento visible de investigar con la urgencia que el caso amerita.
El hecho fue dado a conocer por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), que el 25 de marzo de 2026 denunció la aparición del cetáceo en alta mar, a unas dos millas de la trayectoria del buque de prospección sísmica que opera en la zona. Según expresaron, el hallazgo se produjo pocas horas después del paso del barco, lo que refuerza la preocupación sobre una posible relación entre ambas situaciones. La propia cámara señaló que no es habitual encontrar este tipo de animales muertos en mar abierto, y advirtió que el episodio “no puede considerarse una coincidencia sin más”.
En su planteo, el sector pesquero también alertó sobre los efectos que estas actividades pueden tener sobre la fauna marina en general, incluyendo peces comerciales y especies sensibles al ruido submarino. Las prospecciones sísmicas utilizan cañones de aire comprimido que generan explosiones acústicas de alta intensidad, capaces de propagarse a grandes distancias bajo el agua. Este tipo de intervención ha sido cuestionado a nivel internacional por su potencial impacto sobre cetáceos, cuya orientación, comunicación y supervivencia dependen precisamente del sonido.
A pesar de la gravedad del planteo, hasta el momento no se ha informado la apertura de una investigación independiente ni la realización de estudios técnicos que permitan determinar la causa de muerte del animal. Tampoco se han emitido comunicados detallados por parte de las autoridades ambientales que den cuenta de una evaluación en curso.
La ciencia lleva décadas advirtiendo sobre los impactos del ruido submarino en cetáceos. No se trata de especulación ni de activismo infundado. Existen antecedentes documentados en distintos puntos del planeta donde estas prácticas han provocado desorientación, daño fisiológico e incluso la muerte de ballenas y delfines. Uruguay no es ajeno a ese conocimiento. Las advertencias existían antes de autorizar estas actividades.
Y sin embargo, aquí estamos.
No es la primera vez que ocurre algo que nunca termina de aclararse. El episodio de la boya petrolera frente a José Ignacio —también rodeado de dudas, también sin conclusiones transparentes— permanece como un antecedente incómodo que nadie parece dispuesto a revisar. Los hechos se acumulan, pero las respuestas no llegan.
La muerte de esta ballena debería activar todos los mecanismos de control ambiental del país. Debería implicar necropsias, análisis independientes, informes públicos. Debería, al menos, generar una señal de alarma en las autoridades. Pero lo que se percibe, nuevamente, es una ausencia.
Y esa ausencia no es neutra.
El silencio, en estos casos, no es prudencia: es una forma de posicionamiento. Es una decisión política de no incomodar intereses, de no cuestionar procesos, de no abrir debates que puedan frenar agendas económicas ya en marcha.
Uruguay ha construido durante años una imagen internacional vinculada al respeto ambiental. Pero esa imagen no se sostiene con discursos, sino con hechos. Y los hechos, hoy, muestran una desconexión preocupante entre lo que se proclama y lo que se permite.
No se trata de afirmar causalidades sin evidencia concluyente. Se trata de exigir que esa evidencia se busque, se produzca y se haga pública. Se trata de entender que el mar no es un territorio vacío donde todo puede hacerse sin consecuencias visibles. Y que cuando las consecuencias aparecen —aunque sea en forma de un solo cuerpo sin vida flotando en el océano—, ignorarlas no las hace desaparecer.
En este contexto, una ballena muerta no debería pasar desapercibida.
Y que lo haga es parte del problema.