Si algo ha quedado claro en este proceso es que no existe una doctrina, sino un péndulo. Un día no hay riesgo, al siguiente se reconoce que sí lo hay. Primero se insiste en que la exploración es inocua, luego se admite que existen escenarios que deben “monitorearse con especial atención”. Se proclama liderazgo en transición energética, pero se avanza simultáneamente en la apertura de un frente extractivo propio del siglo XX.
No es una contradicción menor: es una filosofía de gobierno basada en la oscilación. En decir una cosa cuando el clima político lo permite y su contraria cuando la realidad obliga. En retroceder sin admitir retrocesos. En avanzar sin asumir plenamente las consecuencias. La política energética, que por definición debería pensarse en horizontes de décadas, se gestiona como si fuera una coyuntura comunicacional.
No hay un marco conceptual sólido, sino adaptaciones sucesivas al humor de la opinión pública, a las presiones diplomáticas, a los informes técnicos que llegan desde afuera y a los intereses económicos que rara vez se presentan como tales.
Porque junto al discurso ambiental y a la retórica de la “exploración responsable” desembarca otro mundo, menos visible pero históricamente inseparable de la industria petrolera: el de las grandes consultoras, los estudios de impacto millonarios, los bufetes internacionales, los intermediarios técnicos, los expertos en compliance, los facilitadores institucionales, las puertas giratorias. Un ecosistema que en todos los países del sur ha acompañado estos procesos como una sombra constante.
No hace falta formular acusaciones explícitas para reconocer un patrón histórico: allí donde llegan las petroleras, llega también una red de contratos, honorarios, asesorías y mediaciones cuyo volumen rara vez se explica solo por la complejidad técnica. La experiencia latinoamericana —y africana, y asiática— muestra que estos procesos nunca son ingenuos ni asépticos. Siempre generan zonas grises, dependencias sutiles, incentivos cruzados y, demasiadas veces, comisiones que viajan mejor que las responsabilidades ambientales.
Uruguay no es inmune por virtud moral, sino por escala y por biografía política. Pero al ingresar a este tablero entra también en sus reglas. En el universo del petróleo offshore, las decisiones no se toman únicamente en despachos ministeriales ni se definen solo por informes científicos. Se toman en un entramado donde confluyen capital global, geopolítica energética, consultorías de prestigio, certificaciones, arbitrajes y una industria de la influencia que opera con discreción, pero con enorme eficacia.
A esta confusión estructural se suma otro actor: el activismo ideologizado. En plazas y playas públicas aparecen consignas absolutas —“No a las petroleras”, “Fuera el extractivismo”— que funcionan más como catarsis moral que como intervención estratégica. Sus portadores se sienten éticamente a salvo, pero terminan atrapados en la misma niebla que dicen combatir: una niebla sembrada desde las propias fuentes de poder, donde se mezclan datos técnicos, discursos tranquilizadores y alarmas parciales hasta volver todo abstracto.
Motivados por ideología antes que por ideas, convencidos de que su solución es la única posible, rara vez logran articular propuestas que dialoguen con el terreno real donde se toman las decisiones: contratos, marcos regulatorios, financiamiento, arbitraje internacional, correlaciones de fuerza. Su lenguaje es absoluto en un mundo que opera por cláusulas y matices. Por eso casi nunca son escuchados. No porque sus preocupaciones ambientales carezcan de fundamento, sino porque sus planteos quedan dispersos, simbólicos, fácilmente encapsulables en un sistema diseñado precisamente para diluir, fragmentar y neutralizar toda oposición que no juegue en el mismo plano de concreción.
Pero el núcleo más profundo de esta confusión es otro. El propio sistema empuja el debate hacia un laberinto de tecnicismos: sísmica 3D, modelización oceanográfica, matrices de riesgo, protocolos de contingencia, impactos acumulativos, probabilidades estadísticas. Un lenguaje que vuelve la discusión casi esotérica para la ciudadanía.
Y sin embargo, todo proyecto real, por más que se lo vista de ciencia, prudencia y sostenibilidad, se rige por un único eje rector: el económico. Ese es el verdadero norte de cualquier decisión estratégica. Y sobre ese eje, curiosamente, casi no se ha discutido.
Poco se ha dicho sobre la viabilidad financiera integral de una explotación offshore en aguas profundas, sobre sus costos reales, sobre los plazos de retorno, sobre la volatilidad del mercado energético global, sobre el riesgo de quedar atrapados en activos varados en un mundo que, al menos en el discurso, avanza hacia la descarbonización. A todas luces, la rentabilidad estructural de un desarrollo petrolero de esta naturaleza aparece como altamente incierta, cuando no directamente improbable.
Lo que sí parece perfectamente viable, en cambio, es el telón que durante años podría cubrir una secuencia de beneficios circunstanciales y concentrados: contratos de consultoría, estudios interminables, auditorías, informes complementarios, adendas técnicas, segundas y terceras evaluaciones. Una cadena de papeles, simulaciones y diagnósticos facturados por un pequeño universo de firmas especializadas cuya función no siempre es esclarecer, sino mantener abierto el proceso, prolongarlo, complejizarlo y volverlo dependiente de su propia intermediación.
En ese teatro técnico, la sociedad queda alienada por un diluvio de información que rara vez responde a la pregunta esencial: ¿es económicamente sensato, para un país pequeño y con reputación verde, embarcarse en una aventura extractiva de altísimo costo, retorno incierto y horizonte energético declinante?
La paradoja es que mientras se discuten con lupa los decimales de probabilidad de un derrame, casi no se discute con la misma rigurosidad la probabilidad, mucho más concreta, de que el verdadero negocio sea el proceso mismo: la maquinaria de estudios, certificaciones, asesorías y contratos, rentable para unos pocos, opaca para la mayoría.
Cuando el debate se pierde entre tecnicismos incomprensibles, consignas vacías y un discurso oficial que oscila según sopla el viento, lo único que queda claro es que el petróleo, aun sin haberse extraído una sola gota, ya empezó a producir su efecto más clásico: confundir, fragmentar y crear un terreno fértil para que algunos obtengan certezas económicas mientras el conjunto del país asume la incertidumbre estratégica, ambiental y moral.
El negocio, por ahora, no está en el subsuelo sino en el proceso. En la cadena interminable de estudios, evaluaciones, certificaciones y asesorías que convierten la duda en industria y la cautela en factura. Y cuando la discusión pública es empujada lejos del eje económico real, cuando se diluye en símbolos, miedos o consignas, el camino queda libre para que el péndulo político siga oscilando y para que el capital, ese que nunca duda, avance sin ruido.
Las próximas etapas ya no se jugarán en el plano del relato verde ni en la épica de la transición energética, sino en un territorio mucho más crudo: el de los contratos, las cláusulas, los compromisos a largo plazo y las responsabilidades que, una vez asumidas, rara vez admiten marcha atrás.
Ahí, lejos de las plazas y de los comunicados, es donde se verá si este país estaba discutiendo un proyecto en función del bien común… o si, en medio de confusiones deliberadamente provocadas, estaba entrando en otro donde el secreto beneficiará a unos pocos en perjuicio de todos.