Navegando a 12 nudos se acerca a nuestro país el BGP Prospector, con ETA fijada para el 2 de febrero de 2026, mientras en tierra lo espera un contexto tan sensible como llamativamente opaco. A esta hora no existe un anuncio público claro y formal del gobierno que confirme que todas las autorizaciones definitivas estén otorgadas, ni tampoco una fecha oficial que marque el inicio de las operaciones.
Sin embargo, el buque ya está en ruta, con logística desplegada, tripulación, equipos sísmicos y planificación operativa cerrada. En términos industriales, nadie moviliza una unidad de este porte, con costos diarios de cientos de miles de dólares, “a ver qué pasa”. El movimiento indica que la decisión práctica está tomada, aunque el aval político-administrativo aún no haya sido expuesto con total transparencia.
El silencio oficial no es neutro. No es comunicación técnica: es ausencia de comunicación. Y en asuntos sensibles, exploración petrolera offshore, impacto ambiental, presión internacional, posibles frentes judiciales, el silencio suele ser síntoma de tensiones internas, desacuerdos o problemas que no se quieren blanquear antes de que el operativo esté ya en posición y resulte difícil de frenar.
A esto se suma una contradicción explícita en el propio discurso del ministro Ortuño, quien reconoció públicamente que sí pueden existir riesgos para la fauna marina, en particular para los cetáceos. Reconocer riesgo y, al mismo tiempo, avanzar como si todo estuviera bajo control deja al descubierto una fisura:
o el riesgo es real y entonces la prudencia debería ser máxima,
o el riesgo es marginal y entonces esas advertencias no tendrían razón de ser.
A ello se agrega un elemento surrealista: la idea de mitigar el impacto de una flota sísmica que emite explosiones acústicas de altísima potencia mediante “veedores con binoculares o catalejos” observando ballenas desde la cubierta,
Como si se tratara de la participación en una película de tono absurdo, tipo “Los piratas del Silver River nos atacan”.
En términos comunicacionales, esto parece más un gesto tranquilizador para la opinión pública que una barrera real de protección; y en términos científicos, lisa y llanamente, una burla a los profesionales del área.
El contraste entre tecnología de prospección de última generación y un control visual casi artesanal refuerza la sensación de que ciertas afirmaciones se hacen sin la menor seriedad, como dichas al pasar, o quizá a la salida de un cóctel con alto contenido alcohólico.
En lectura crítica, todo apunta a una tensión interna dentro del propio gobierno:
entre el área energética, posiblemente decidida a avanzar;
el área ambiental, consciente de que los impactos existen y no son menores;
y esa zona opaca donde operan lobbies y negociadores, los que se mueven en dólares, yenes y euros por cada coma, punto y parada de un proyecto cuya viabilidad económica muchos consideran, como mínimo, altamente dudosa.
A todo esto se suma una comunicación política basada en un silencio casi macabro, quizá en la esperanza de que la quietud y la ausencia de palabras eviten que el conflicto estalle antes de que el operativo esté ya en marcha, o tal vez mientras se analiza qué engranaje tocar para ensayar una retirada prolija, siempre bajo el estandarte ambiguo del “como te digo una cosa te digo la otra” (Pepe dixit).
Cuando un barco de este tipo se mueve, pero el Estado no habla con claridad;
cuando se reconocen riesgos, pero se actúa como si fueran secundarios;
y cuando la protección se ilustra con imágenes casi ingenuas de observadores mirando ballenas con catalejos,
la sensación que queda es que no todo está tan firme, tan aprobado y tan bajo control como se pretende mostrar, y que el silencio no expresa calma, sino la voluntad de ganar tiempo y reducir exposición pública mientras una operación de enorme impacto estratégico y ambiental ya está, de hecho, en curso.
En este escenario, no resulta difícil prever que en los próximos días comiencen a surgir reclamos y manifestaciones bajo la consigna de “Mar puro y limpio”, expresando un rechazo frontal a este tipo de prácticas y a la forma en que se las intenta imponer, entre silencios, ambigüedades y decisiones que parecen tomarse más lejos de la ciudadanía que de cara a ella.
A esta altura, el foco no puede estar solo en lo ambiental. Hay que cuestionar por qué se insiste en una inversión de magnitud casi despilfarradora en un proyecto cuya viabilidad económica parece quedar librada más a las casualidades del azar que a certezas técnicas o proyecciones sólidas. Partiendo de un supuesto “riesgo cero”, la percepción pública y los propios reconocimientos oficiales indican que ese riesgo no hace más que crecer día a día.
Por un momento, incluso, dejemos lo ambiental de lado: la pregunta de fondo pasa a ser otra, mucho más incómoda y directa. ¿A quién beneficia realmente todo esto?