Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en 2016, tras la firma de los acuerdos de paz, el control del territorio pasó a manos de las disidencias de las FARC, como el frente 33 de las FARC-EP, y el ELN, que han seguido cometiendo violaciones de derechos humanos y atentados contra la población civil.
Según un informe de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2011, en el departamento de Nariño, hubo 1.145 homicidios, 1.044 desapariciones forzadas, 1.034 secuestros y 1.023 amenazas. La mayoría de las víctimas fueron afros, indígenas y campesinos.
El tribunal de paz de Nariño, que se creó en 2016, ha investigado y sancionado a militares y excombatientes de las FARC por crímenes cometidos durante la guerra. En 2020, el tribunal condenó a 14 excombatientes de las FARC a penas de hasta 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.
En 2022, el tribunal condenó a 10 militares a penas de hasta 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad cometidos en la región de Tumaco, en el departamento de Nariño. Los militares habían sido acusados de participar en la masacre de 16 personas, incluyendo afros, indígenas y campesinos, en 2001.
El tribunal de paz de Nariño ha sido criticado por algunos sectores por su lentitud en la investigación y sanción de crímenes cometidos durante la guerra. Sin embargo, la comisión de la verdad ha destacado la importancia de la justicia transicional en la región.
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