El año 2025 cierra en Ecuador bajo la sombra de una crisis ambiental agravada, acentuada por una agenda gubernamental que busca ampliar las fronteras extractivas y por los profundos impactos ambientales y sociales que dejan las economías criminales. «Hay un retroceso bastante marcado en la protección ambiental en el país, empezando por la desaparición del Ministerio del Ambiente«, dice Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). En agosto, un decreto del presidente Daniel Noboa ordenó que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) se integre al Ministerio de Energía y Minas, convirtiéndose en el Ministerio de Ambiente y Energía. Así, la cartera de Estado que entrega licencias para actividades que pueden afectar el ambiente quedó en manos del ministerio que promueve la extracción minera y petrolera. Para María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, el Gobierno prioriza los intereses extractivos por encima de las obligaciones constitucionales. «El extractivismo sigue construyéndose por sobre la vida de personas que alguien resolvió que no tenían valor”, sostiene. Las principales deudas ambientales para el país, según los expertos consultados por Mongabay Latam, se centran en el debilitamiento del marco ambiental, la persecución gubernamental a defensores de la naturaleza, el avance de las concesiones mineras y las licitaciones petroleras sin la realización plena de la consulta ambiental y la consulta previa a las comunidades, y la expansión de la minería ilegal. Los caballitos de mar están entre las especies que son traficadas desde Ecuador. Foto: cortesía Michel Guerrero…This article was originally published on Mongabay
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