El convenio entre ANCAP y la Universidad que reabre el debate sobre la independencia científica
En el debate sobre la exploración petrolera offshore frente a las costas de Uruguay, una cuestión comienza a emerger con creciente fuerza dentro del propio ámbito académico: el lugar de la ciencia cuando el conocimiento ambiental se produce en colaboración directa con los actores interesados en explotar el recurso.
El reciente convenio firmado entre la Universidad de la República y la empresa estatal ANCAP para estudiar el bloque oceánico OFF-6 —donde la petrolera internacional APA Corporation proyecta perforar un pozo exploratorio— ha reactivado una discusión que trasciende ampliamente el caso puntual.
El acuerdo prevé que equipos científicos recopilen información sobre hidrodinámica, sedimentos marinos, biodiversidad y ecosistemas vulnerables en la zona donde podría desarrollarse actividad petrolera.
La investigación busca construir una línea de base ambiental, indispensable para evaluar los impactos potenciales de la perforación.
Sin embargo, el documento incluye una disposición que ha generado inquietud dentro de la comunidad científica.
El convenio establece que las partes deberán mantener confidencialidad absoluta sobre aquella información que ANCAP considere sensible o estratégica.
Esto implica que ciertos resultados científicos obtenidos en el marco del proyecto podrían no ser divulgados públicamente sin autorización previa.
La cuestión no es menor.
La investigación universitaria se fundamenta en principios que exceden la lógica contractual: la apertura del conocimiento, su carácter público y la posibilidad de verificación por parte de la comunidad científica.
Cuando el acceso a los resultados queda condicionado por una de las partes involucradas en la explotación del recurso analizado, la frontera entre cooperación técnica y dependencia institucional comienza a difuminarse.
Dentro de la Facultad de Ciencias, la propuesta generó discrepancias.
El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, el geógrafo Marcel Achkar, expresó formalmente reservas respecto al convenio y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acuerdos podría implicar para la independencia académica de la institución.
Entre los argumentos planteados se encuentra un punto central: la exploración petrolera offshore constituye una actividad de alto impacto ambiental que debería ser objeto de un debate científico y social amplio antes de que la universidad asuma un rol activo en su desarrollo.
Ese debate, según varios docentes, no llegó a producirse plenamente dentro de la institución.
A pesar de las objeciones planteadas, el convenio fue finalmente aprobado por los órganos de gobierno universitarios y posteriormente firmado.
El acuerdo prevé una financiación de aproximadamente 100.000 dólares para las actividades de investigación.
El episodio pone de relieve una tensión estructural que atraviesa hoy a numerosas universidades públicas en el mundo: la creciente dependencia de financiamiento externo en contextos de restricción presupuestaria.
Cuando los recursos científicos escasean, los acuerdos con actores industriales o estatales se vuelven cada vez más frecuentes.
Pero ese mismo mecanismo plantea interrogantes sobre los límites de la autonomía académica.
En este caso, la discusión adquiere además una dimensión jurídica.
Uruguay es signatario del Escazú Agreement, que consagra el derecho de acceso a la información ambiental y la participación pública en decisiones que puedan afectar el medio ambiente.
Para varios especialistas, la eventual confidencialidad de datos científicos sobre ecosistemas marinos podría entrar en tensión con esos principios.
La controversia también expone otra paradoja.
A pesar de que Uruguay avanza desde hace años en la apertura de su plataforma marítima a la exploración hidrocarburífera, el país aún no dispone de una línea de base ambiental integral y pública que permita conocer con precisión el estado actual de esos ecosistemas.
Sin ese punto de referencia, evaluar los impactos de la actividad petrolera resulta inevitablemente más difícil.
La pregunta que emerge entonces no se limita al convenio específico.
Apunta a un problema más profundo:
qué lugar debe ocupar la universidad en procesos económicos que transforman territorios y ecosistemas.
Y, sobre todo, quién decide qué conocimiento sobre el océano puede ser producido, compartido o retenido.
Porque cuando el saber científico sobre el mar queda sujeto a cláusulas contractuales, el debate deja de ser exclusivamente técnico.
Se vuelve, inevitablemente, político.