La INDDHH acude a la Justicia mientras el Ministerio de Ambiente bloquea el acceso a información clave sobre la prospección petrolera offshore

11/02/2026

Foto de portada: Ricardo Antúnez (de acceso público).

Documento (PDF): Acción de amparo presentada por la INDDHH (versión publicada)

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó el 11 de febrero de 2026 una acción de amparo ante la Justicia para detener de forma inmediata las actividades de prospección sísmica destinadas a la búsqueda de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo. La medida busca prevenir daños ambientales potencialmente irreversibles y proteger el derecho fundamental de las personas a un ambiente sano.

El recurso judicial advierte sobre el impacto extremo de las detonaciones acústicas utilizadas en estas operaciones, que alcanzan niveles de entre 250 y 300 decibeles cada pocos segundos, las 24 horas del día, afectando una superficie que puede superar los 300.000 km² del ecosistema marino. Estas emisiones superan ampliamente los umbrales conocidos de daño biológico para múltiples especies, incluyendo cetáceos, peces y organismos base de la cadena alimentaria marina.

Sin embargo, la gravedad de la situación se ve agravada por un hecho que genera profunda preocupación institucional: el Ministerio de Ambiente mantiene fuera de servicio el Observatorio Ambiental Nacional (OAN), el sistema oficial donde deben estar disponibles los Estudios de Impacto Ambiental completos, sus anexos técnicos y la documentación que fundamenta las autorizaciones otorgadas.

En su propio sitio web, el Ministerio informa que el sistema se encuentra fuera de línea debido a una migración de servidores, proceso que, según el aviso oficial, afecta el acceso a trámites, denuncias y documentación ambiental. Esta interrupción ocurre precisamente en el momento en que se inician actividades de prospección sísmica offshore autorizadas por el propio Estado.

La coincidencia temporal entre el inicio de operaciones de alto impacto ambiental y la inaccesibilidad del sistema público donde deben consultarse los estudios técnicos no puede ser considerada un hecho menor ni una simple contingencia técnica. Cuando la ciudadanía necesita acceder a la información para comprender, evaluar y eventualmente cuestionar decisiones que afectan el patrimonio natural del país, el sistema desaparece.

La legislación uruguaya es inequívoca. La Ley Nº 16.466 establece que los Estudios de Impacto Ambiental son documentos públicos. La Ley Nº 18.381 garantiza el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Ninguna migración de servidores, ningún procedimiento técnico, ninguna reorganización administrativa puede suspender estos derechos ni justificar la opacidad.

El acceso público a la información ambiental no es un favor del Estado. Es una obligación legal y un pilar del sistema democrático.

En este contexto, la acción de amparo presentada por la INDDHH adquiere una dimensión aún más grave. La propia Institución advierte que el Estado tiene la obligación de prevenir daños ambientales y proteger los derechos humanos vinculados al ambiente, y que no puede convertirse en el generador de la desprotección que está obligado a evitar.

Este cuadro de opacidad institucional se ve agravado simultáneamente por otro hecho que debilita la confianza pública en la capacidad del Estado de ejercer control efectivo. En estos mismos días, se ha informado que la única contadora disponible en Fiscalía que estaba analizando los aspectos contables de la mayor presunta estafa de la historia del Uruguay, vinculada a operaciones con ganado y campos en el marco del caso conocido como Conexión Ganadera, ha dejado su cargo, dejando a dicha Fiscalía sin el soporte técnico especializado necesario para avanzar en el análisis financiero del caso.

La ausencia de acceso a información ambiental crítica, sumada a la pérdida de capacidad técnica en investigaciones de gran escala, configura un patrón preocupante en el funcionamiento institucional. Cuando el acceso a la información desaparece y la capacidad técnica se debilita, el resultado es el mismo: la sociedad queda privada de las herramientas necesarias para comprender, controlar y exigir responsabilidades.

El silencio, la demora, la inaccesibilidad y la falta de transparencia no son hechos neutros. Tienen consecuencias. Debilitan el control democrático, erosionan la confianza pública y generan un vacío que afecta el principio fundamental de responsabilidad estatal.

Mientras Uruguay se presenta ante el mundo como un país basado en energías renovables y bajo la marca “Uruguay Natural”, la autorización de exploraciones petroleras offshore y la inaccesibilidad simultánea de los estudios ambientales que las fundamentan revelan una contradicción profunda entre el discurso y los hechos.

La migración de servidores no puede convertirse, en los hechos, en una barrera que impida el acceso a información pública en el momento más crítico. La información ambiental no pertenece al gobierno. Pertenece a la sociedad.

En un Estado de Derecho, la transparencia no puede depender del estado de un servidor. Es una obligación permanente.